Durante el segundo año del gobierno de Donald Trump (año fiscal 2026), uno de cada cinco migrantes deportados por jueces en Estados Unidos es mexicano. Con más de 160 mil órdenes de expulsión, los mexicanos encabezan la lista por un amplio margen, superando por casi un 78 por ciento a los venezolanos, que ocupan el segundo lugar. Detrás de ellos se encuentran, en orden de mayor a menor, los migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y Colombia.
Estas cifras corresponden únicamente a las cortes migratorias, un proceso formal donde las personas tienen la oportunidad de defenderse ante un juez. Sin embargo, el gobierno estadunidense utiliza también vías más veloces que no requieren ir a juicio, como la «remoción expedita». Este mecanismo permite a los agentes fronterizos o de inmigración deportar en cuestión de días a cualquier persona que no logre demostrar que ha vivido en el país durante al menos dos años continuos.
De acuerdo con el centro de investigación TRAC de la Universidad de Syracuse, los tribunales migratorios han ordenado casi 742 mil deportaciones en lo que va del año. Esto significa que más del 83 por ciento de los procesos que llegan a los jueces terminan en la expulsión del migrante, ya sea de forma forzada o voluntaria. Enfrentar estos juicios es un reto enorme, especialmente porque apenas una de cada cuatro personas afectadas logra contar con la ayuda de un abogado.
Un dato que resalta en los informes es que menos del 2 por ciento de los nuevos casos en las cortes buscan deportar al migrante por haber cometido algún delito. La inmensa mayoría de las expulsiones se debe únicamente a la entrada o estancia irregular en Estados Unidos. Esta realidad de los tribunales contrasta fuertemente con el discurso oficial del gobierno, el cual suele justificar las medidas migratorias estrictas como una necesidad urgente para mantener la seguridad pública.
Actualmente, el sistema migratorio estadunidense se encuentra saturado, con más de 3 millones de casos pendientes de resolución, la gran mayoría pertenecientes a personas que buscan asilo. Mientras esperan una respuesta, las condiciones para quienes son detenidos son muy estrictas: de las más de 66 mil audiencias que se han realizado este año para solicitar la liberación bajo fianza, los jueces la han concedido en menos de una tercera parte de los casos.
