En un intento por reducir la fuerte tensión que se vive en la ciudad, el Concejo Municipal de Danbury, Connecticut, aprobó una nueva medida de inclusión en sus fuerzas de seguridad. Con 18 votos a favor y solo dos en contra, la normativa permitirá a partir de ahora que residentes legales no ciudadanos y beneficiarios del programa DACA puedan trabajar formalmente como oficiales de policía.
Esta decisión surgió como una respuesta directa a la reciente oleada de operativos federales que sacudió a la comunidad local. Durante la última semana, las redadas de la agencia migratoria (ICE) dejaron un saldo de más de 60 personas arrestadas, lo que motivó al concejal demócrata Joe Britton a impulsar y defender esta aprobación como un mensaje urgente de respaldo hacia la población migrante.
El ambiente de zozobra tras los arrestos masivos fue fuertemente criticado por el alcalde de la ciudad, Roberto Alves. El mandatario denunció que ICE opera con una total falta de comunicación hacia el gobierno local, ocultando información sobre sus llegadas, salidas y detenidos, lo que lo lleva a concluir que la verdadera intención de la agencia federal es simplemente asustar a los habitantes.
Para ilustrar la gravedad y el impacto psicológico de estos operativos, el alcalde hizo hincapié en el uso de fuerza desmedida que se ha presenciado en las calles de Danbury. Alves relató con indignación el caso reciente de un padre de familia que, durante una intervención migratoria, fue sometido con una descarga eléctrica de una pistola táser justo frente a una guardería.Para poner en perspectiva este nivel de violencia, Alves compartió su propia historia al revelar que vivió como inmigrante indocumentado hasta los 20 años.
El alcalde reconoció que, si bien en su juventud existía un miedo constante a ser deportado por infringir las leyes, la brutalidad y el terror con el que se llevan a cabo los operativos de hoy en día son completamente distintos a lo que él experimentó.
