El Instituto Nacional Electoral enfatizó la necesidad urgente de salvaguardar los procesos democráticos contra cualquier tipo de injerencia ilícita o presión externa. Durante el Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral celebrado en Coahuila, se subrayó que la autonomía institucional y la integridad son indispensables para mantener la confianza ciudadana. Estas declaraciones se emitieron en el marco de una mesa de análisis enfocada en los retos que enfrentan los árbitros electorales en la actualidad. La discusión central abordó la importancia de blindar a los organismos encargados de organizar comicios frente a diversos riesgos contemporáneos.
El consejero Arturo Chávez López participó en el evento realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila junto a Beatriz Adriana Camacho Carrasco y Marco Antonio Yeverino Rodríguez. Gloria Esparza Rodarte, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, fungió como moderadora del panel titulado Integridad electoral y rol de los árbitros en el siglo XXI. Durante su intervención, se mencionó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del organismo federal para frenar la participación de personas ligadas a delitos. Asimismo, se advirtió sobre la preocupación latente ante la interferencia de administraciones gubernamentales en asuntos de carácter comicial en las entidades federativas.
La autonomía funcional fue definida como la facultad de cumplir con las atribuciones legales sin ceder ante presiones de partidos políticos o actores gubernamentales externos. Se puntualizó que este concepto dista de representar una confrontación con los poderes públicos, enfocándose más bien en el respeto a las competencias delimitadas por la ley. Los ponentes coincidieron en que el diálogo constante y la coordinación entre las instancias administrativas y jurisdiccionales resultan vitales para la legalidad del sistema.
El fortalecimiento de los comicios también requiere la erradicación absoluta de prácticas corruptas al interior de los propios órganos encargados de impartir justicia y organización. Se hizo mención de conductas nocivas como la intervención de grupos de poder económico y la violencia de género en el ámbito político. Por tal motivo, las autoridades participantes abogaron por una cooperación estrecha que involucre tanto a los entes públicos como a los diversos sectores poblacionales.
La recuperación de la confianza social demanda la conformación de alianzas estratégicas con universidades, organizaciones civiles y la iniciativa privada del país. El evento institucional concluyó con el reconocimiento de que la colaboración interinstitucional es un pilar indispensable para consolidar la democracia nacional. Las autoridades reafirmaron su compromiso de vigilar que los comicios futuros se desarrollen bajo estrictos principios de legalidad y transparencia.
