La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible en México, considerada por las autoridades como la más grande detectada hasta ahora. Durante un mensaje a medios, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que como resultado de las investigaciones se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión, entre ellas una contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido este jueves en Ensenada junto con otras tres personas.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización operaba mediante un esquema que permitía introducir combustible procedente de Estados Unidos con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Las investigaciones señalan que las empresas involucradas reportaban menores volúmenes de hidrocarburos o incluso declaraban productos distintos a los que realmente transportaban, con el propósito de evadir el pago de impuestos. La dependencia indicó que la red utilizaba una estructura integrada por empresas, operadores financieros y logísticos para facilitar estas operaciones.
Las indagatorias establecen que entre enero y julio de 2025 se realizaron más de cuatro mil operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Según la FGR, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y era transportado en carros tanque de ferrocarril, desde donde posteriormente era transferido a pipas y tractocamiones para su distribución, principalmente en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas. El presunto perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública supera los cuatro mil millones de pesos.
La Fiscalía señaló que durante las investigaciones se detectó que aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible habrían ingresado al país sin ser declarados. Asimismo, indicó que la organización utilizó 162 carros tanque para introducir hidrocarburos omitiendo el pago de contribuciones federales. Las autoridades también detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados para importar gasolina y diésel y las cantidades que presuntamente fueron internadas al territorio nacional, lo que derivó en un presunto daño fiscal adicional por concepto de IEPS e IVA.
Como parte de las investigaciones, la FGR realizó un análisis financiero que permitió rastrear movimientos por más de tres mil millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. De acuerdo con la dependencia, los recursos eran transferidos de manera inmediata hacia otras cuentas, manteniendo saldos mínimos, un patrón que forma parte de las líneas de investigación que continúan desarrollándose para determinar la participación de todos los involucrados en esta presunta red de contrabando de hidrocarburos.
