Política y otras calamidades / Sergio Elizondo
En un giro decisivo para la historia democrática de México, el polémico paquete de reformas electorales conocido como el «Plan B» ha alcanzado oficialmente el rango constitucional este 10 de abril. Tras superar los bloqueos en el Congreso de la Unión, la iniciativa logró el aval de 20 congresos locales, cumpliendo así con el requisito del Constituyente Permanente para integrarse a la Carta Magna del país.
Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó una visible satisfacción tras conocerse el conteo de los legislativos estatales. La mandataria calificó este día como «histórico para la transparencia y la austeridad», asegurando que la reforma permitirá un sistema electoral más eficiente y menos costoso. Con este avance, la administración federal consolida su visión de transformar las instituciones, eliminando estructuras que la presidenta ha señalado reiteradamente como «onerosas y alejadas de la voluntad popular».
Sin embargo, el clima en las filas opositoras es de profunda preocupación y rechazo. Los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) han alzado la voz contra lo que consideran una «imposición centralista».
El PAN ha denunciado que la reforma busca «asfixiar la operatividad del INE» y manipular el control de los comicios desde el ejecutivo.
El PRI, por su parte, calificó la desaparición de legisladores plurinominales como un golpe mortal al pluralismo, advirtiendo que esto silenciará a las minorías políticas para favorecer una hegemonía absoluta.
MC ha señalado que el proceso estuvo marcado por la falta de diálogo, calificando la rapidez del aval en los estados como un «trámite administrativo sin debate real».
Con el rango constitucional asegurado, la reforma es ahora irreversible por las vías legales ordinarias. Los cambios incluyen una reducción drástica en el presupuesto de los órganos electorales y una reconfiguración en la integración de los ayuntamientos, un punto que impactará directamente en los municipios de Coahuila, donde las estructuras administrativas deberán ajustarse a los nuevos topes de austeridad.
Mientras los simpatizantes del oficialismo celebran lo que llaman el fin de los privilegios, la oposición se prepara para lo que describen como «la batalla por la resistencia democrática» de cara a los comicios de 2027. Lo que es un hecho es que las reglas del juego han cambiado para siempre.
