Piedras Negras Coahuila. – Las autoridades judiciales definieron la situación legal de un sujeto imputado por el delito de robo calificado, luego de ser señalado como el presunto responsable de sustraer una imagen de la Virgen de Guadalupe. Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, confirmó que el caso fue turnado ante un juez de control para evaluar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el juzgador decretó como legal la detención del individuo, al considerar que el arresto se ejecutó bajo los parámetros establecidos por la ley. Posteriormente, la representación social procedió a formular la imputación formal y solicitó la vinculación a proceso del señalado, basándose en los testimonios y evidencias recabadas durante las primeras indagatorias del robo del objeto religioso.
Por su parte, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, una garantía legal que otorga un plazo de 144 horas antes de que el juez resuelva de manera definitiva si el detenido es vinculado o no a proceso. Esta medida busca conceder tiempo adicional para que los abogados defensores puedan reunir y presentar datos de prueba a favor de su cliente para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
Mientras se cumple el plazo constitucional y se reanuda la audiencia, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Debido a esto, el sujeto deberá permanecer internado en las celdas del centro penitenciario local, garantizando así su presencia en el desarrollo de las siguientes etapas del procedimiento judicial y evitando riesgos para la investigación.
El delegado de la Fiscalía General del Estado señaló que las agencias de investigación continúan trabajando en el caso para robustecer la carpeta de investigación. El objetivo de las autoridades ministeriales es recabar la mayor cantidad de elementos posibles para presentarlos formalmente cuando se reanude la audiencia y la autoridad judicial resuelva la situación jurídica definitiva del imputado.
