Con una votación de 82 votos a favor por parte del oficialismo y 28 abstenciones, el pleno del Senado de la República aprobó el Informe Anual de la Guardia Nacional correspondiente al ejercicio 2025. Este documento destaca por ser el primero emitido directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional en lugar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cambio derivado de la nueva legislación que rige a la institución. El informe incluye, por primera vez, un apartado específico sobre rendición de cuentas y sanciones penales contra sus efectivos.
En el rubro de justicia y disciplina, la institución informó que durante el año pasado se presentaron 103 denuncias penales que involucran a 320 de sus integrantes por actos contrarios a la ley. No obstante, el reporte oficial aclara que, hasta el cierre del periodo informado, la Guardia Nacional no cuenta con registros de elementos que hayan recibido una sanción penal firme por el desempeño de sus funciones. La Unidad de Asuntos Internos permanece como el órgano encargado de investigar las quejas y canalizar las denuncias correspondientes.
Respecto a las sanciones administrativas y correctivos internos, el informe detalla que 58 integrantes fueron sujetos a medidas disciplinarias mayores: 17 elementos fueron removidos de su cargo, 39 recibieron suspensiones temporales y dos fueron reubicados mediante cambios de unidad. Adicionalmente, se aplicaron un total de 17,973 correctivos disciplinarios menores, los cuales se desglosan en 9,258 restricciones, 8,222 arrestos y 493 amonestaciones privadas, con el fin de fomentar la disciplina y el respeto a los derechos humanos dentro de la corporación.
En cuanto al panorama de seguridad y operatividad en territorio nacional, la Guardia Nacional reveló que durante 2025 enfrentó un total de 206 agresiones. El análisis geográfico del informe señala una concentración de la violencia contra la institución en zonas específicas del país, precisando que el 54 por ciento de los ataques sufridos por sus elementos se focalizaron en solo cuatro entidades federativas. Estas cifras forman parte del diagnóstico entregado a los legisladores para evaluar el desempeño de la fuerza de seguridad en el último año.
El documento subraya la responsabilidad de los mandos en la aplicación proporcional de los correctivos y la promoción de la integridad profesional. El Senado avaló el contenido tras casi tres meses de haberlo recibido, cumpliendo con el proceso de fiscalización parlamentaria establecido en la ley. Con este aval, se cierra el ciclo de revisión de la primera cuenta anual bajo el nuevo esquema administrativo de la institución, dejando constancia de las estadísticas de operatividad y control interno reportadas por la Sedena.
