El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas a cerca de treinta funcionarios y allegados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida busca sancionar la presunta participación en corrupción significativa, narcotráfico y el debilitamiento de las instituciones democráticas en la región latinoamericana.
La decisión afecta directamente a figuras de alto perfil como el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y la senadora colombiana Martha Isabel Peralta Epieyú. Junto a ellos, la administración estadounidense restringió el ingreso de una docena de funcionarios bolivianos, entre los que figuran jueces, fiscales, exministros y mandos policiales.
Las sanciones se sustentan en los compromisos bilaterales y multilaterales contra el narcoterrorismo y la corrupción. Washington argumenta que estas acciones responden a directrices orientadas a salvaguardar la gobernanza democrática y a impedir que individuos vinculados a actividades ilícitas utilicen el territorio norteamericano.
El alcance de las restricciones se extiende a los familiares inmediatos de los sancionados, quienes tampoco podrán ser elegibles para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas enfatizaron que estas políticas punitivas buscan enviar un mensaje directo contra la impunidad y la protección de redes criminales en el hemisferio occidental.
La implementación de estas políticas refleja la continuidad de la presión diplomática y migratoria de Washington hacia los gobiernos del continente. Las sanciones recientes evidencian el uso de herramientas de política exterior para incidir en la rendición de cuentas de actores públicos y privados investigados.
