El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró este lunes que el incremento en la seguridad personal de Rubén Rocha Moya no responde a amenazas directas ni a la posibilidad de un atentado. Durante una visita a Culiacán, el funcionario federal precisó que el gobernador de Sinaloa con licencia no es considerado un blanco de ataques armados, desmintiendo así las especulaciones sobre un peligro inminente contra su integridad tras su separación del cargo.
La aclaración surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionara que el mandatario estatal contaría con protección especial. No obstante, García Harfuch puntualizó que esta medida no fue una solicitud formal de Rocha Moya, sino una recomendación técnica del Gabinete de Seguridad. Según explicó, debido al contexto de violencia que atraviesa Sinaloa, se determinó que un exfuncionario de su nivel debe contar con un cuerpo de escoltas preventivo, el cual calificó como un dispositivo discreto y de pocos elementos.
Esta decisión de seguridad ocurre en un momento crítico para el gobernador con licencia, quien la semana pasada fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El gobierno estadounidense ha solicitado a México su detención provisional con fines de extradición por delitos de narcotráfico y posesión de armas. Ante esto, la asesoría jurídica de la Presidencia de México ha solicitado formalmente a Washington las pruebas que justifiquen una detención urgente por riesgo de fuga.
A pesar de la crisis institucional y las acusaciones internacionales, el Gabinete de Seguridad envió un mensaje de respaldo a la ciudadanía sinaloense desde la capital del estado. Harfuch aseguró que, aunque la entidad mantiene un promedio diario de ocho homicidios, no se ha detectado un repunte inusual de la violencia tras la salida de Rocha Moya. El compromiso del Gobierno Federal es mantener la presencia institucional en la zona para garantizar la estabilidad social durante el proceso jurídico.
Para robustecer esta estrategia de pacificación, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un despliegue masivo de 13 mil 300 efectivos en el estado, incluyendo a más de 2 mil 700 elementos de Fuerzas Especiales. Con esta fuerza operativa, las autoridades buscan asegurar que el vacío de poder no sea aprovechado por grupos criminales, mientras se resuelve la situación legal de Rocha Moya y otros nueve funcionarios estatales que se encuentran bajo investigación.
