Tras semanas de opacidad y versiones contradictorias, Petróleos Mexicanos (Pemex) finalmente reconoció que una fractura en un ducto de 36 pulgadas, ubicado en el complejo marino Cantarell, fue la causa directa del derrame de crudo que ha golpeado las costas del Golfo de México. El director de la paraestatal admitió que el origen del desastre se localizó cerca de la plataforma Abkatún, en la Sonda de Campeche, desmintiendo las versiones previas que atribuían la mancha de petróleo a filtraciones naturales de «chapopoteras».
El reconocimiento de la petrolera no vino solo, sino acompañado de una purga interna. Pemex confirmó la destitución inmediata de tres funcionarios de alto rango, adscritos a las áreas de Seguridad y Operaciones, quienes son señalados por ocultar la gravedad de la fuga y presentar informes falsos a la dirección general. Esta negligencia administrativa permitió que el crudo fluyera sin control durante semanas, complicando las labores de contención y elevando el costo del desastre ambiental.
Aunque la empresa no ha emitido una cifra oficial del volumen total vertido, especialistas y organizaciones ambientales estiman que cerca de 800 toneladas de hidrocarburos han contaminado el ecosistema marino. Hasta el momento, las brigadas de limpieza han recolectado más de 915 toneladas de residuos contaminados en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, estados que hoy enfrentan una crisis ecológica que afecta directamente a las comunidades pesqueras y al sector turístico.
La presión internacional y la evidencia satelital presentada por grupos científicos fueron determinantes para que la paraestatal abandonara su postura de negación. Este incidente pone bajo la lupa el estado actual de la infraestructura submarina de México, la cual, según expertos en energía, requiere de una inversión urgente en mantenimiento para evitar que fallas mecánicas similares se repitan en otros yacimientos estratégicos del país.
